De educación

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha suspendido de forma cautelar la obligatoriedad impuesta por la Comunidad Autónoma de acudir a las clases de Educación para la Ciudadanía a las familias que la habían recurrido y a las que no se les había permitido la objeción de conciencia.
Debe recordarse que las medidas cautelares suspenden la ejecutoriedad de un acto administrativo cuando existe petición del administrado al órgano judicial en tal sentido por atenderse la consideración de que las derivaciones de la aplicación de la medida recurrida pudieran ser de tal gravedad que si no hubiera suspensión serían difícilmente reparables. Permítanme que dude de que los efectos de una asignatura con tan escasa presencia en el horario escolar y cuyos contenidos, por muy adulterados que se presenten, presiento que no tienen relevancia tal como para dañar ni el sistema neuronal ni la sensibilidad ni las convicciones morales o religiosas de los educandos.
Me parece que la pretensión última y más noble que justificaría una asignatura como la que motiva la polémica sería la transmisión desde edades tempranas de los valores que impulsan una convivencia democrática. No sé si tal finalidad justifica la existencia de una materia aislada o requiere, por contra, el que desde todas las asignaturas impartidas, de modo transversal, se enseñe a los alumnos cuáles deben ser las pautas de comportamiento cívico en una sociedad libre, en un estado de derecho. De cualquier modo, al optarse por la primera de las soluciones no se debería haber soslayado la importancia que para el éxito de la medida hubiese tenido que se compartiera por los principales partidos políticos, por los únicos que pueden gobernar este país.
Nos hallamos de nuevo ante una de esas iniciativas que tomada por quien gobierna sin un acuerdo suficientemente amplio tiene el futuro condicionado por la alternancia que propician las soberanas decisiones del electorado. Y sucede ello en un asunto tan delicado como el de la educación, donde los cambios ministeriales generan, invariablemente, modificaciones sustanciales de su modelo. Esta inestabilidad ya grave por si misma, aun se agudiza más con el singular entramado territorial y competencial existente en España, que permite una enorme autonomía a los gobiernos autonómicos en asuntos como la enseñanza.
Desde una perspectiva de mero espectador atento a lo que sucede, esta inestabilidad de las estructuras educativas es uno de los grandes males que afectan a la escuela en España. A él deberían sumársele, al menos, otros dos: su debilidad y el escaso respeto por la labor docente.
Por debilidad entiendo eso que también se ha dado en llamar indulgencia en palabras de José Antonio Marina, y que no es sino el modo en como se ha ido bajando el listón de lo exigido a los estudiantes en contenidos y en comportamiento. Mentarle a un responsable administrativo o a un órgano de gobierno educativo la existencia de un alto grado de fracaso escolar en su área de responsabilidad es ponerlo en el disparadero. Dado que poco o nada se puede hacer para mejorar esas estadísticas en plazos breves y puesto que las legislaturas se caracterizan precisamente por eso, por su temporalidad y por la necesidad de ofrecer a su término resultados relevantes de la labor realizada, no se opta por la decisión valiente de comprometer en la tarea y a largo plazo a todas la fuerzas políticas que puedan gobernar, llegando a un pacto que garantice la estabilidad en el modelo, sino que se elige la peor de las soluciones, la modificación de los controles, de modo que al hacerlos más flexibles ofrezcan resultados más presentables cara a la opinión pública. Es, por hacer una comparación clarificadora, como si para obtener mejores resultados en las estadísticas sobre delincuencia, dejáramos de considerar como delitos los pequeños hurtos, las agresiones sin fracturas o las falsificaciones de moneda que se limitaran a clonar tan sólo billetes de cinco euros. Evidentemente, ello mejoraría las cifras registradas en el apartado sobre comisión de delitos recogidas en las memorias anuales de las delegaciones de gobierno, pero me temo que la situación real del problema habría experimentado un sensible empeoramiento.
La tercera de las dolencias que socavan la salud de nuestra educación es, a mi juicio, la paulatina desconsideración que se ha ido evidenciando hacia el trabajo de los docentes. Hay una escena en la película La lengua de las mariposas que, de algún modo, nos pone sobre la pista de las más graves sinrazones que han llevado a esta situación: el desprecio público hacia la labor de los profesores y, paradójicamente, la tendencia a convertirlos en únicos responsables de la educación de nuestros hijos. La escena es la de aquel rico ignorante y grosero que interrumpiendo la clase del entrañable enseñante republicano que interpretara Fernando Fernán Gómez, y portando sendos capones en sus manos, con la intención evidente de manifestar tanto su propio poderío como las penurias del maestro, le exige a éste con voz destemplada que le ponga más cuidado al aprendizaje de su hijo, un crío que resulta ser un pobre cenutrio con pocas luces y ningunas ganas de estudiar.

Excúsenseme estas elementales reflexiones de quien contempla con interés pero sin suficiente conocimiento de causa el estado actual de la educación en España. A vuela pluma. Habrán de ser los especialistas quienes afronten con más rigor y profundidad estas cuestiones. Si se les deja y si se toman en consideración sus recomendaciones. Pero creo que los ciudadanos de a pie tenemos la obligación de plantearnos de vez en cuando el pequeño reto de pensar sin corsés ideológicos o mediáticos, de manera sosegada y sensata, sobre estos asuntos que son los que finalmente hacen que nuestra sociedad sea un lugar más o menos habitable.